“Una gran mentira es como un gran pez en tierra; podrá agitarse y dar violentos coletazos, pero no llegará nunca a hacernos daño, no tenemos más que conservar la calma y acabará por morirse.”
PROVERBIO.
PROVERBIO.
En lo que va de 2009, nuestro país es partícipe de un debate acalorado: por primera vez, en la agenda pública, una serie de realidades incuestionables se ponen en el tapete y los medios de comunicación tienen que dar cuenta de una ley destinada a regularlos.
El fenómeno de la concentración mediática-empresarial no es nuevo, sin embargo, se desarrolló en el más cómodo silencio. Por otra parte, la militancia de diversos actores sociales, que durante años sumaron esfuerzos para modificar la vigente Ley de Radiodifusión, se llevó a cabo en subterráneo y es desestimada por las principales empresas de la información.
Con media sanción en el Congreso, el Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es el blanco de nuevas embestidas. No bastó con asociarla desde todos los titulares a las “oscuras intenciones del actual gobierno”, ni reducirla a la pelea de éste con el principal multimedio de la Argentina. Por estos días una serie de institucionales y campañas saturan los minutos radiales y televisivos con la amenaza de la inminente desaparición de radios y canales de TV, si es que llega a sancionarse la “controvertida ley”.
Con tonos locutoriles preocupados y pantallas negras sin presencia de sonido, estas campañas pretenden infundir temor a sus audiencias a través de la manipulación de la información que realizan como Institución mediática. El mecanismo es simple: construir un escenario desolador para persuadir a la audiencia de la necesidad de que todo quede como está en el desigual escenario de la comunicación, bajo la Ley de la dictadura. Utilizando como chicana política temas tan sensibles en la población como la inseguridad o los índices oficiales del INDEC, estas campañas hacen alusión a “la ley mordaza”, a la tesis del revanchismo, a la violación de la “libertad de expresión”, a la pérdida de empleos y, por extensión, al terror del control estatal sobre lo que intentan disfrazar como un ámbito de propiedad privada e inalienable; cuando, en realidad, el espectro radioeléctrico es un bien público que debe ser administrado por el Estado. Lo importante de la filosofía de esta nueva ley es su carácter de inspiración antimonopólica. ¿Acaso no somos víctimas, día a día desde los medios, de una violencia simbólica?
Viene al caso citar al filósofo francés Michel Foucault: el refutaba la idea de que el poder es la capacidad de alguien para lograr, a través de otros, que se cumplan ciertos objetivos; lo cual se explicaba por el prestigio de quien detenta el poder. Al contrario, Foucault decía que el poder nunca es absoluto y que su mérito consiste en ocultarse, en hacer creer al sujeto que él elige cuando, en realidad, es "teledirigido" (no es, por supuesto, la idea del chip en la cabeza; se trata de las estructuras culturales, las prácticas, los valores que la cultura dominante nos hace aprehender a través de las instituciones). El poder se ejerce invisiblemente haciéndonos creer que no hay conflicto.
Las agencias del pensamiento social, los grandes medios de comunicación orientan los hechos según el discurso que hagan de ellos. El poder no es decir "oh, si mi amo", el poder es su ocultamiento y el ocultamiento de los hechos y la verdad. La gente que comenta la noticia lo hace como si fuera el hecho y no tiene en cuenta que la noticia pasa por todo un proceso de construcción según determinadas miradas. Este es el peligro de los monopolios informativos, hoy expresado en el intento desesperado por mantener su poder, mintiendo para que la gente defienda esos intereses con el pretexto de estar protegiendo la libertad de expresión.
Un caso concreto: Honduras. En lo político la mentira se extiende, se complejiza y se visualiza en su máxima expresión cuando medios alternativos al poder hegemónico de información (éste funcional al Golpe del Estado del pasado 28 de junio) nos muestran el descaro de los golpistas en ese país, la violación a los derechos humanos, la represión, la persecución de periodistas nacionales e internacionales con una visión diferente. Invocando, paradójicamente, la democracia, la libertad, la institucionalidad y la paz mientras el país sigue con toque de queda, los manifestantes que pugnan por la vuelta de la democracia están en las calles hace más de tres meses y resisten a los atropellos de una derecha sanguinaria que ha dado con Honduras su señal de advertencia a la región latinoamericana.
Así como TN, radio Mitre, la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) hablan de la violación a la “libertad de expresión” (su libertad) cuando nunca hubo tanta; los golpistas de Honduras hablan de democracia, de paz, de legitimidad institucional cuando el mismo golpe ha puesto fin a todo eso. La diferencia es que en Honduras esa mentira se paga con sangre, represión y muerte.
