¿Ley de Medios "K"?

Estamos viviendo nuevos tiempos. La iniciativa impulsada desde el Ejecutivo Nacional de una nueva ley de medios de comunicación así lo demuestra. Los anteriores intentos por instalar una nueva ley que regule los servicios audiovisuales en la Argentina fracasaron y la ley 22.285, que lleva la firma de la última dictadura militar y propició el panorama de concentración y desigualdad en este ámbito estratégico en la vida cultural, social y política de cualquier país, mantuvo su vigencia. Los retoques que esta impune ley ha recibido sólo han tendido a incrementar más el panorama de concentración de medios en pocas manos y el surgimiento de los multimedios que controlan la opinión. Este es el caso de las modificaciones por decreto que se llevaron a cabo en la época menemista, con la privatización de canales y la extensión de licencias de 4 a 24 para una persona física o jurídica.
A más de veinticinco años de democracia sigue rigiendo una ley que se inspiró en la doctrina de la seguridad nacional y que usó la tribuna de los medios para enaltecer a un gobierno de facto que, por otra parte, procuraba silenciar el terrorismo de Estado y las violaciones a los derechos humanos. La necesidad de una nueva ley que organice y regule de manera eficaz los excesos de las empresas mediáticas, que han llevado a la concentración y homogeneización de pensamiento y opinión, es urgente. La sola existencia de monopolios u oligopolios informáticos impide la libertad de expresión y el derecho a la información. Nadie puede argumentar que la defensa a los grupos económicos que tienen la titularidad de los medios es la defensa a la libertad de expresión. Sí lo ha hecho Elisa Carrió, cayendo en un profundo laberinto sin retorno. Monopolios y libertad de expresión no son palabras hermanas ni compatibles, no pueden llevarse bien en una misma oración y mucho menos realizar el espíritu democrático en los hechos. Es claramente ilustrativo la postura de parte de la oposición que está empecinada en defender una ley de la dictadura, que cobijó bajo su ala a las corporaciones económicas, antes que a un proyecto impulsado por el actual gobierno de Cristina Fernández. Su fundamentalismo negador ha llegado a extremos insospechados y profundamente peligrosos.
Una de las frases trilladas y comunes que pretenden formar los multimedios y esta parte de la oposición como realidad permanente en la cabeza de los televidentes y oyentes es que se trata de una "LEY K". Cómo si la esperanza de haber machacado desde sus tribunas la idea de que los Kirchner son los demonios de la política les valiera para que una "K" asociada a la ley de medios sirviera para deslegitimarla desde el vamos. Como en muchos otros temas en que estos actores nos mienten y parcializan los hechos, en este olvidan un dato fundamental. Lo que ellos llaman una Ley "K" es el resultado del trabajo conjunto de un montón de agrupaciones conformadas por diferentes actores sociales que han dado luz, a través de la formación en 2003 de la Coalición por una Radiodifusión democrática, de 21 puntos de consenso acerca de cómo debería ser una ley democrática de medios de comunicación. Esos 21 puntos han sido tomados en consideración para la elaboración del anteproyecto de ley que presentó la Presidenta Cristina Fernández en La Plata y puesto en discusión abierta a través de foros realizados en todo el país.
Este jueves 27 de agosto, en el día de la Radiodifusión, finalmente la Presidenta envió al Congreso el Anteproyecto para que sea debatido en diputados. Unos días antes, por la disolución del contrato entre la AFA y TyC, ya se había llevado a cabo la realización de uno de los puntos fundamentales que garantiza la ley: la democratización del fútbol, una actividad que ha dado infinitas ganancias a los grupos económicos que concentraron la actividad.
Desde las 11 hs del jueves, se preparaba una concentración que nucleaba a diferentes organizaciones sociales, sindicales, estudiantes e independientes que escucharon el discurso por cadena nacional de la Presidenta. Desde allí, marchamos hacia el Congreso, con música, cantos y la profunda convicción de defender una ley que es necesaria para los tiempos que corren, la necesidad de nuevas voces y la concreción de una verdadera democracia.
Aquella porción de la oposición que se caracteriza sólo por oponerse, salió a deslegitimar a las pocas horas el proyecto, desde los zócalos de TN se decía que "CFK envió la Ley de medios K" y en Clarín se habló de una ley que busca controlar medios.

En este sentido, es relevante el análisis que realiza Liliana Chiernajowsky:
"El categórico y furioso rechazo de algunos representantes de la oposición al anteproyecto –sorprendente en algunos casos– parece sustentarse en los mismos raquíticos argumentos que esgrimen los grandes grupos mediáticos y sus asociaciones empresariales. Esa coincidencia argumental, funcional a quienes están defendiendo sus intereses corporativos, resulta, sin embargo, inescrutable en los representantes del pueblo.

La competencia política y la crítica al oficialismo no deberían hacer perder de vista un dato básico: los gobiernos cambian y se suceden cada vez que votamos, pero los procesos de concentración en el sector de las comunicaciones han continuado, consolidando situaciones monopólicas u oligopólicas que afectan el derecho universal a la información. La mentada ley de radiodifusión de la dictadura es ejemplar en este punto: al tiempo que muestra las imposibilidades o defecciones de los sucesivos gobiernos constitucionales, pone luz sobre las presiones y logros empresariales en tiempos de democracia.

Las declaraciones de asociaciones como Adepa, cuando se refieren a la libertad de expresión amenazada, están pensando, en realidad, en la libertad de prensa como equivalente al derecho de propiedad. Para ellos, la libertad de información es, en definitiva, la libertad del informador. Siguen aferrados a una consigna que nunca han abandonado: la mejor regulación es la que no existe. En consecuencia rechazan cualquier regulación legislativa que confiera garantías instrumentales a los derechos de quienes reciben información por parte de los medios. E ignoran la evolución histórica que se ha dado en las nociones vinculadas a la libertad de expresión y el derecho universal a la información. Es lo que se pudo plasmar en documentos recientes de organismos internacionales como la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA (2004), que señalan la necesidad de generar condiciones que garanticen la pluralidad y diversidad del mercado de las industrias culturales e informativas. Esta dimensión de la cuestión no aparece en el discurso de los medios porque involucra directamente sus propios intereses. Lo penoso es que este discurso corporativo del sistema mediático se reproduzca en declaraciones y columnas de opinión de algunos legisladores que tienen el privilegio de escribir en “tribunas” que no están disponibles para opiniones divergentes a la de los dueños de esos medios."

La nueva ley de radiodifusión de la democracia es la madre de todas batallas. En su seno se desenvuelven intricadas luchas de intereses y en el medio, apresadas como siempre, las voces que no encuentran un espacio en las discursividades que circulan socialmente.